CONVERSANDO EN DEBATE
RICARDO GARCÍA TREVIÑO
Lic. Ricardo García Treviño
Hola, te saludo con el gusto de siempre. Se trascribe el editorial, que se da a conocer el Órgano Informativo de la Arquidiosis de la Ciudad de México. Interesante y valiente, en el cual no se coincide en todo, más se respeta las diferencias. En cuanto a los juicios de valor respecto al Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO; Luz y Flama los considera inaceptables.
LUZ Y FLAMA, como analista asiduo desde hace treinta años. Abogado y exfuncionario en la rama de la procuración de justicia, en lo Federal y el Fuero Común, descalifica el peritaje de los llamados independientes, donde la regla de oro es la lealtad a la confianza depositada cuando se inició el trabajo y estos últimos.-PERITO INDEPENDIENTES.- no solamente fueron desleales, sino que obtuvieron prebendas personales. DONDE NO HAY ETICA, LO DEMÁS CAE POR SU PROPIO PESO. EXHIBIOCINISTAS ENGAÑADORES Y MANIPULADORES AL FINAL DEL DÍA.
En cuanto a la PROCURACIÓN DE JUSTICIA, el juicio enmarcado por el editorial “DESDE LA FE”, es moderado, pero 100% acertado, sin excepciones; sin salvedades, sin corta pisas. En México, no hay decadencia legal. Hay una abrupta y escandalosa decadencia de valores, en el eje de la PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
A poco más de un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) iniciara sus trabajos para aportar elementos relativos al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el diálogo se rompió, y su encomienda no fue refrendada bajo polémicas indagatorias contra la verdad histórica. El segundo informe resultó tan demoledor como el de septiembre de 2015; si bien en el primero puso en duda el destino final de los desaparecidos, el último fue más allá al esgrimir contundentes recomendaciones sobre la procuración de justicia y el sistema legal.
El grupo de expertos destaca la falta de cooperación y obstáculos que enrarecen el esclarecimiento de la verdad. Sus conclusiones advierten del urgente rediseño del modelo penal, solidificar los procesos de investigación, la atención de las víctimas y, lo más importante, el respeto a los derechos humanos. Independientemente de la certeza de las conclusiones sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, el Informe del GIEI toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita. Como afirma el documento, “lo procesal sacrifica frecuentemente lo sustancial, y la forma está muchas veces por encima del contenido y la verdad”.
Lo que suponía la intervención esperanzadora para saber qué paso en uno de los más dramáticos asuntos penales en la presente administración, llega a su fin con más preguntas que respuestas. No obstante la indignación pública, el segundo informe del GIEI mueve a la reflexión al preguntar qué tan efectivamente somos respetados todos los mexicanos en cualquier proceso penal. Mientras la causa de Ayotzinapa corre entre preguntas, desacuerdos y presunciones, la opinión pública, de forma paralela, es impactada por recientes casos de tortura exhibidos en noticieros, o bien cuando los responsables de la persecución de los delitos, funcionarios, fiscales y ministerios públicos, son descubiertos al exigir a los subordinados resultados con base en números, privilegiando estadísticas y cuotas políticas, y socavando elementales derechos en el proceso penal.
Un director de litigación en alguna procuraduría estatal, presuntamente in fraganti en video, afirmó lo que todos suponen: fabricar delitos es cosa común. El sistema está hecho para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes; las cárceles están ocupadas por gente que nada ha hecho, pero son víctimas de las deformaciones del derecho e injusticias maquiladas en el escritorio para cubrir cuotas sin perseguir delitos reales. Sembrar pruebas, inculpar inocentes, violar el debido proceso y obstruir la justicia con infames tecnicismos y nimiedades legaloides, burlar la contundencia de testigos y probanzas sólidas, son los grandes males que infectan el organismo legal en México. Es claro, la situación no podría ser más desastrosa. Estamos ante la prostitución y perversión del derecho que funciona a los poderosos para aplastar a los mexicanos en desventaja, principalmente a los pobres, quienes son aniquilados en su libertad por sus condiciones sociales y económicas.
En 2014 se afirmó que poco más del 40 por ciento de los reclusos en cárceles no había tenido sentencia definitiva por los delitos imputados; quienes son castigados no son los reos de más alta peligrosidad y, por el contrario, los grandes perjudicados son, efectivamente, marginados y vulnerables, demostrando así la tragedia y decadencia del sistema legal.
El caso Ayotzinapa entra en una nueva etapa. Conviene a la presente administración dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito. El tiempo pasa y los 43 son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos. Este mismo caso nos muestra que los cambios en el sistema de justicia son inaplazables para reconstruir la confianza, porque muchos mexicanos no están de buen humor ante la encrucijada que pretende solapar a pocos contra el fortalecimiento del Estado de Derecho común a todos. Un sistema legal, como afirma el Papa Francisco, “otorga estabilidad y bases sólidas que favorecen la coexistencia humana a través del respeto de los derechos más fundamentales…”.
